- Impacto en la Tributación del IRPF
- Efectos en los Convenios Colectivos
- Impacto Económico en Pymes y Empresas
- Otras Medidas Relevantes
Impacto en la Tributación del IRPF
A partir del 1 de enero de 2025, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha subido 50 euros mensuales, situándose en 1.184 euros brutos al mes (14 pagas), lo que equivale a 16.576 euros brutos anuales. Este incremento del 4,4% respecto a 2024 afecta a unos 2,5 millones de trabajadores, con especial impacto en mujeres y jóvenes.
Por primera vez, algunos trabajadores que perciben el SMI deberán tributar en el IRPF, ya que el mínimo exento se mantiene en 15.876 euros anuales. Dado que el nuevo SMI alcanza los 16.576 euros anuales, algunos empleados, sobre todo solteros sin hijos, verán retenciones aproximadas de 25 euros al mes (300 euros anuales).
Esta decisión ha generado debate político, con el Ministerio de Hacienda defendiendo la medida para sostener el Estado del Bienestar, mientras que el Ministerio de Trabajo propone eximir de tributación al SMI.
Efectos en los Convenios Colectivos
La actualización del SMI obliga a revisar los convenios colectivos, asegurando que ningún salario pactado quede por debajo del nuevo mínimo. Además, se creará una Mesa de Diálogo Social para adaptar la directiva europea de salarios mínimos, planteando que el SMI represente al menos el 60% del salario medio en España.
No obstante, esta actualización puede generar conflictos, como el visto en la fábrica de Cuétara en Reinosa, donde los trabajadores exigen que las diferencias salariales reflejen la responsabilidad de cada puesto.
Impacto Económico en Pymes y Empresas
Desde 2018, el SMI ha aumentado un 61%, lo que representa un desafío para muchas pequeñas y medianas empresas (pymes). La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) advierte que este aumento equivale al 70% del salario medio en pequeñas empresas, lo que podría afectar su capacidad de contratación y productividad.
Otras Medidas Relevantes
El aumento del SMI se enmarca en una estrategia más amplia que incluye la reducción de la jornada laboral. Se discute bajar la jornada de 40 a 37,5 horas semanales en el sector privado, siguiendo el modelo propuesto para los funcionarios del Estado.
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